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[OPINIÓN] Columna: Educar bajo techo

Daniel Hojman

Por Daniel Hojman

Publicado el 25 de junio en La Tercera

El problema más grave del actual régimen de propiedad es que no asegura apropiadamente la cobertura y la calidad de la educación.

El proyecto que plantea eliminar el lucro en escuelas subvencionadas establece que al final de la transición (14 años), los sostenedores debiesen ser dueños de los activos esenciales para proveer el servicio o bien funcionar en infraestructura estatal. El ruidoso reproche de ex candidatos y otros líderes por el “énfasis en fierros y cascarones vacíos” que tendría el proyecto, contrasta con la ausencia de una reflexión seria sobre el régimen de infraestructura escolar.

Hoy, la mitad de los escolares chilenos van a escuelas cuyos inmuebles se arriendan a terceros o son de sostenedores con fines de lucro o se autoarriendan a inmobiliarias relacionadas, lo que se paga con cargo a la subvención. Dos tercios de las escuelas particulares subvencionadas arriendan. Si eso se perpetúa y los arriendos suben, como ha ocurrido en el Gran Santiago desde 2005 (40% real), el gasto en “fierros” seguirá creciendo relativo a otros usos de la subvención. Si la expansión del Metro, por ejemplo, induce un alza de precios, habría una presión por subir la subvención para cubrir arriendos. Pero si el Estado aporta infraestructura -a los colegios públicos o, vía comodato, a fundaciones sin fines de lucro-, no habría tal exigencia.

El problema más grave del actual régimen de propiedad es que no asegura apropiadamente la cobertura y la calidad. Si un negocio-escuela anda mal, el sostenedor prefiere cerrar y poner una pizzería, o vende para un mall, y buenas noches con el derecho a la educación. Escuelas sin fines de lucro que arriendan a un tercero corren el mismo riesgo.

Si más del 80% de los ingresos del sector subvencionado son subsidios estatales, tendríamos que asumir que la inversión pública en educación era, en parte, un Plan Nacional de Pizzerías o un Programa de Fomento a la Especulación Inmobiliaria. Y no es teoría. El único otro país que ha experimentado -a menor escala- con subsidios a escuelas con fines de lucro es Suecia. El año pasado, una de las principales cadenas de colegios quebró por mala gestión y dejó a miles de niños sin escuela.

El régimen de infraestructura actual es otra anomalía del sistema escolar chileno. En la Ocde, el 90% de la matrícula está en escuelas públicas. En países con un sector particular subvencionado más masivo (como en Chile), típicamente los activos esenciales son propiedad del Estado o de sostenedores sin fines de lucro; los arriendos son la excepción más que la regla. En Holanda, el 70% de la matrícula está en escuelas particulares subvencionadas que educan con amplia independencia en infraestructura pública. Algo similar ocurre con muchas escuelas charter de Estados Unidos.

En Chile, buena parte de la cobertura escolar está sujeta a vaivenes del negocio educacional e inmobiliario. Una recesión o un boom inmobiliario podría dejar a muchos niños sin escuelas o forzar al Fisco a pagar un monto ineficiente por mantenerlas funcionando. Seguirá siendo así hasta que el grueso de los activos esenciales estén bajo el control del sistema educacional, ya sea en propiedad de sostenedores particulares comprometidos con la educación o del Estado.