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[NOTA] De jure versus de facto: Sobre la urgente tarea de elaborar una radiografía del conflicto laboral en Chile

Por Sofia Donoso, postdoctorante COES, y Francisca Gutiérrez Crocco, postdoctorante COES

En los últimos años, el conflicto laboral en Chile se ha hecho más visible. No sólo han aumentado las huelgas legales (Dirección del Trabajo, 2013), sino también la cobertura mediática y el debate en torno a formas de acción sindical que desafían la legislación laboral vigente. Basta recordar la huelga de 37 días liderada por los trabajadores contratistas de CODELCO en el 2007 y el paro portuario a finales del año pasado, ambas ilegales. Las huelgas de los funcionarios públicos, a quienes no se les ha reconocido el derecho a huelga, son otro ejemplo visible y recurrente de acción sindical fuera de los canales institucionales.

Estos conflictos laborales parecieran contradecir la premisa inspiradora del Plan Laboral, el cual, recordemos, fue introducido en 1979 por el régimen militar. Como señalaba José Piñera, su autor intelectual, el objetivo de este nuevo marco legal era precisamente “desdramatizar el conflicto social” (Piñera 1990:50-51). En particular, se esperaba que el Plan Laboral tuviese como efecto “una mayor identificación del trabajador con su empresa”, ya que se tendería a “reemplazar la ‘lucha de clases’ (trabajadores versus empresarios) por la ‘lucha de empresas’ (trabajadores y empresarios de una misma empresa versus los de otra que compite con ellos)”, lo que, añade, “es funcional a la economía libre de mercado” (Piñera 1990:50-51).

Bajo este principio, se restringió el derecho a huelga a los procesos de negociación colectiva al interior de la empresa. Por consiguiente, desde 1979 toda paralización de la producción que supera los límites de la unidad productiva, que se realiza fuera de los tiempos de negociación o sin respetar los complejos procedimientos exigidos por la ley, es considerada ilegal. Esta restrictiva legislación, cabe subrayar, constituye una anomalía en el Derecho Comparado. Además, como ha reclamado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en reiteradas ocasiones, vulnera tanto el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas como el convenio N° 87 de la OIT, ambos suscritos por el país.

Paradójicamente, la tentativa de desdramatización del conflicto laboral y el desfavorable contexto legal parecieran haber tenido como resultado un desviamiento de la norma: una buena parte de los conflictos entre las empresas y los trabajadores organizados no se expresa a través de los canales institucionales creados para ello, sino que en sus márgenes o fisuras legales. Como lo evidencian los ejemplos de los contratistas de CODELCO, los portuarios y los empleados públicos anteriormente mencionados, muchos sindicatos han impulsado acciones y prácticas de lucha que subvierten o se oponen directamente a las restricciones contempladas por la ley. En breve, como lo expresa una consigna frecuentemente repetida por los trabajadores, “sólo la lucha nos da lo que la ley nos niega”.

La distancia entre la norma y la realidad del conflicto laboral en Chile tiene costos altos para todos los actores involucrados. Solo el paro portuario del año 2013 implicó un perjuicio económico de aproximadamente 1.000 millones de dólares, según las empresas que se vieron afectadas (El Mostrador 26/1/2014). Para los trabajadores, por el otro lado, las huelgas ilegales pueden terminar en despidos masivos y en divisiones internas. De esta manera, si el objetivo de la legislación laboral es, por un lado, contar con herramientas de control para evitar un desorden que pueda debilitar la estabilidad política y económica del país, y por otro, proteger a los trabajadores contra eventuales abusos en las empresas, al situarse el conflicto laboral en los márgenes de la ley se están desmantelando ambos propósitos.

COES y su interés por entender el conflicto laboral en Chile

La dimensión informal del conflicto laboral ha sido largamente ignorada en el debate académico nacional. En los años ‘80, los múltiples centros de estudio que refugiaban parte de la intelligentsia del país, contribuyeron a una prolífica producción académica en torno a temáticas laborales y el rol de los sindicatos en la lucha contra el régimen militar. Con la restauración democrática en 1990 y el retiro del financiamiento internacional a dichos centros de estudio, este tipo de investigación se trasladó a las universidades y se centró en la descripción del declive del movimiento sindical y sus expresiones tradicionales de lucha.

Insistiendo en la disminución de la huelga legal, se tendió a desestimar el estudio tanto de otras expresiones del conflicto laboral como de las relaciones informales que se tejen en la esfera del trabajo. Esta situación ha cambiado gradualmente desde el 2006, con la difusión de estudios sobre el “nuevo movimiento sindical” en sectores como el de los trabajadores subcontratados. Estos trabajos han analizado tácticas de protesta que desafían la ley, demostrando que el conflicto, incluso en situaciones estrictamente reguladas como la huelga legal, sobrepasa el marco institucional que le es reservado. Sin embargo, el alcance de estos estudios sigue siendo limitado pues, por lo general, tratan sobre casos particulares con visibilidad mediática. De esta manera, seguimos careciendo de información sistemática sobre el conflicto laboral que permita realizar un análisis global de las principales formas de expresión del conflicto laboral en el Chile post-dictatorial.

Urge la necesidad de elaborar una radiografía acabada del conflicto laboral en Chile que considere la distancia existente entre las reglas formales y las prácticas concretas de los distintos actores. El COES, a través de su recientemente creado Observatorio de Huelgas Laborales, busca hacerse cargo de este desafío. De especial interés para esta tarea, es el registro sistemático de la evolución de las huelgas ilegales durante las últimas cinco décadas. Esta importante labor realizada por el Observatorio de las Huelgas Laborales, le da continuidad y complementa el trabajo iniciado por el recientemente fallecido profesor Alberto Armstrong de la Pontificia Universidad Católica. Se desarrolla también en paralelo y complementa varios proyectos en curso dirigidos por investigadores de COES sobre las estrategias de adaptación y respuesta de los actores laborales ante la legislación vigente.
A su vez, se espera que la sistematización de información sobre la conflictividad laboral realizada por el Observatorio de Huelgas Laborales contribuya a construir un diagnóstico asertivo que retroalimente el debate público sobre reformas laborales. Este objetivo se basa en la convicción de que la ausencia de un diagnóstico acabado sobre el conflicto laboral chileno, que incluya también la multiplicidad de expresiones ilegales de descontento, puede restarle efectividad a las reformas laborales actualmente en discusión.

Así como el Plan Laboral subestimó la capacidad de reacción de los trabajadores y no logró su objetivo de “desdramatizar” totalmente el conflicto en las empresas, de no considerarse la dimensión informal de las relaciones laborales, las reformas que se discuten en la actualidad pueden terminar contribuyendo a aumentar esta distancia entre la realidad y la norma. Urge, entonces, estudiar esas “zonas grises” en que se sitúan los conflictos que muchas veces provoca el sistema de relaciones laborales vigente en el país.