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Sofía Donoso, Investigadora de la línea Conflicto Político y Social

Publicado por Diario La Tercera

Una de las polémicas del reciente cierre de las listas de candidaturas parlamentarias fue la denuncia de que partidos políticos estaban “rellenando” cupos con candidatas poco competitivas para cumplir con las exigencias de la nueva ley de cuotas. Un caso comentado fue el de Oriele Zencovich, militante DC de 87 años, contactada por su partido un día antes de la expiración del plazo. Más allá de las anécdotas, partidos de todo el espectro político han señalado las dificultades para cumplir con la nueva legislación. La falta de gradualidad en su implementación y el escaso tiempo para prepararse para este nuevo desafío han sido de las críticas más repetidas. Esto llama la atención ya que estos plazos fueron aprobados por los propios parlamentarios. Asimismo, la experiencia comparada muestra que un periodo de aproximadamente dos años entre la aprobación de la ley y su primera aplicación no es algo inusual.

Ante los lamentos, cabe recordar algunos de los principales argumentos para impulsar la ley de cuotas en Chile. La primera razón es bastante obvia. A pesar de constituir la mitad de la población y la mitad del electorado, las mujeres ocupan 13% de los escaños del Senado y el 14% de los escaños de la Cámara de Diputados. Chile es uno de los países con menos representación parlamentaria femenina en la región. Además, antes de la ley de cuotas estábamos muy atrasados en implementar iniciativas para fomentar la participación de las mujeres en la política. Argentina, por ejemplo, fue pionera en esta materia al introducir cuotas de género (de 30%) para su Cámara de Diputados ya en 1991 (en 2000 para ambas cámaras). Algunos de los países que siguieron este camino, extendiendo tanto el umbral de la cuota como su aplicación en ambas cámaras, fueron Costa Rica, México y Paraguay en 1996, y Brasil, Bolivia, Panamá, Perú, República Dominica y Venezuela en 1997.

Una segunda razón es que las mujeres enfrentan desafíos para participar en la política que no son compartidos por sus colegas hombres. En la encuesta CEP de junio, un 61% estaba de acuerdo con que “la vida familiar se resiente cuando la mujer trabaja tiempo completo”. La expectativa social de que las mujeres lideren las tareas de cuidado de los niños y del hogar se traduce muchas veces en una barrera para entrar en el mundo laboral y, mayor aún en la política.

Por último, incrementar la participación de las mujeres en la política tiene un efecto multiplicador. En otras palabras, la misma queja por la falta de liderazgos femeninos puede verse parcialmente resuelta al contar con más ejemplos de mujeres en la política que cumplan también el rol de ser un modelo para otras mujeres.

Está por verse el número de candidatas que serán finalmente elegidas al parlamento. La experiencia comparada muestra que iniciativas similares en otros países sí han tenido el efecto buscado. Colombia, por ejemplo, introdujo cuotas de género para el Congreso en 2011 y aumentó la proporción de mujeres electas del 13% al 19% en la Cámara de Diputados y del 17% al 23% en el Senado.

Falta de voluntad, machismo y poca costumbre de potenciar liderazgos femeninos son variables que cuesta tiempo de cambiar. Las medidas de acción afirmativa como la ley de cuotas constituyen un mecanismo para acelerar este proceso. Como señala la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, a nivel global, dejar que el aumento de la incorporación de las mujeres en la política siga su tasa de crecimiento actual significaría esperar otros 50 años para alcanzar la paridad de género en este ámbito. Este mal es mucho peor que cualquier dificultad enfrentada en la implementación de nuestra nueva ley de cuotas.