[PRENSA] Radicalización mapuche: recuperar las tierras o morir

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[PRENSA] Radicalización mapuche: recuperar las tierras o morir

Roberto González

Publicado por HÉUREKA

Entrevista al investigador COES-UC, Roberto Gonzalez.

Chile ha escrito su historia con aciertos y errores, como toda nación. Sin embargo, cuando como sociedad nos enfrentamos a una crisis de identidad y autoreconocimiento, tendemos a no encontrar el equilibrio y vivir en constante tensión.

Hoy en día existe una sociedad informada que no desconoce esta realidad, sino por el contrario, reconoce una deuda con el pueblo mapuche, por ejemplo. Hay un grupo que valora el desempeño de una cultura que resistió centenariamente los azotes de asoladores tiempos de inhumanización expresados por la figura del conquistador.
Lo cierto es, que los conflictos entre los pueblos originarios y el resto de la sociedad han existido siempre, pero en la actualidad y debido a la radicalización de las visiones de ciertos grupos, se han notado con mayor fuerza. Prueba de ello, son los acontecimientos de quema de camiones y bosques en reclamo contra quienes estos grupos consideran como invasores de sus tierras.

En Reflexión Héureka quisimos ahondar en esta problemática que existe en nuestra sociedad en una fecha tan significativa como el mes en que celebramos la independencia de nuestro país, la cual para algunos, se viste de un falso emblema, la utopía del Chile independiente que nunca se concretó al negar su origen. Para ello conversamos con Roberto González, doctor en Psicología social, profesor de la Escuela de Psicología de la P. Universidad Católica de Chile, investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) e investigador principal del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

¿Cómo se ha escrito el vínculo histórico entre el pueblo chileno y los mapuches?

Llevamos varios años estudiando la relación de las sociedades modernas con sus pueblos originarios. En esta materia, nuestro país tiene mucho que aportar. Cabe destacar que durante la última década las tensiones y conflictos entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche se han agudizado, en parte debido a que no hemos sido capaces, como sociedad, de construir una convivencia pacífica respetando acuerdos en materia de reconocimiento a los que se han llegado en el pasado.

Muchas de estas tensiones tienen su origen en conflictos que emergieron en el pasado, siglos atrás, cuando nuestros pueblos originarios fueron brutalmente atacados con el propósito de dominarlos. A pesar de las condiciones de trato más paupérrimas, que incluyen la esclavitud, el pueblo mapuche resistió de generación en generación el brutal ataque de los conquistadores, y posteriormente los del Estado Chileno, defendiendo su cultura como pocos pueblos originarios de la región. Esta resistencia es inédita, ya que pocos pueblos han soportado por un periodo tan extendido este tipo de situación (¡más de 300 años!). Pocos pueblos tienen esa convicción y fuerza la cual logran transmitir además a las nuevas generaciones.

Uno de los correlatos directos del conflicto se materializó en la pérdida sistemática de la propiedad de las tierras ancestrales, las que fueron usurpadas y, con posterioridad, parcialmente devueltas por medio de mecanismos compensatorios a través de políticas públicas implementadas en años recientes. Por ejemplo, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos se implementó el “Programa Orígenes”, el cual, entre otros objetivos, buscó restaurar las relaciones entre el Estado de Chile y los pueblos originarios, implementando una serie de políticas de reconocimiento y reparación que se expandieron durante los años en gobiernos subsiguientes.

¿Por qué se radicaliza un sector del pueblo mapuche?

Simplemente porque un grupo de Mapuches llegó al convencimiento que la acción radical era la única forma de recuperar el dominio total de las tierras ancestrales. Esta convicción se instaura debido al alto deterioro de la confianza en el Estado Chileno y de las deudas históricas que, desde la perspectiva de estos grupos, no han sido zanjadas pese a las promesas que diversos gobiernos han hecho en la materia. Un aspecto crítico, es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pero por sobre todo, el reconocimiento de todo el daño cometido por el Estado Chileno hacia el pueblo mapuche por años.

Consciente de este problema –al menos a un cierto nivel– y durante los últimos 25 años, el Estado Chileno se ha centrado en identificar mecanismo que contribuyen a reparar el daño cometido con más o menos éxito.

¿Esos esfuerzos han sido efectivos?

No del todo. Efectivamente, como país hemos tenido muchos problemas para manejar esta situación de tensión, en parte porque dentro de las mismas comunidades existen muchas diferencias en perspectivas, intereses y liderazgos. Como está bien documentado, no existe una forma de organización social mapuche con una cabeza única, cada organización o comunidad cuenta con un lonco o líder que es una autoridad específica, con su visión y forma de resolver los asuntos de su comunidad. Como es una organización social distinta a la que tenemos en las sociedades occidentalizadas, no existe una figura única con la cual negociar y llegar a acuerdos. Son múltiples comunidades con sus múltiples loncos, los que tienen diferente aspiraciones y expectativas respecto de la relación con la sociedad chilena y el Estado de Chile. Estas diferencias constituyen también una fuerte tensión.

Además de esto, y como es esperable, las comunidades mapuches que han sido beneficiarias de las políticas de reparación de tierras tienen restricciones por ley para poder transar éstas. Esto se debe a que los programas de reparación tienen ciertas condiciones –como es lógico–, entre ellas, no usufructuar o vender tierras entregadas por el Estado, ya que éstas han sido cedidas para reparar, y las comunidades debiesen por tanto explotarlas generando modelos de sustentabilidad y desarrollo, según la Ley.

Por otro lado, existe una tensión no resuelta entre la visión más paternalista que tiene el Estado Chileno en cuanto a que éste dictamine lo que las comunidades indígenas tienen que hacer y cómo ese mensaje es coherente con lo que ellos desean y aspiran concordantemente con su cosmovisión.

Bajo este contexto ¿Qué papel juegan organizaciones como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)?

Este grupo no necesariamente representa la totalidad de la visión del pueblo mapuche. Como lo han revelado algunos estudios, los mapuches en general no legitiman las acciones violentas como forma de demandar sus derechos. La CAM se radicalizó para recuperar sus tierras, llegando al convencimiento de que no existe otro mecanismo de acción que no sea el de métodos extremos. Esta reacción se debe, en parte, a una serie de promesas incumplidas que por años hemos hecho como sociedad, favoreciendo el surgimiento de acciones más radicales por parte de sectores del pueblo mapuche.

La radicalización se relaciona con la convicción que tienen ciertos grupos de la comunidad mapuche de que el camino para recuperar las tierras es el armado. Ellos transmiten a la gente que son portadores de una lucha que no parará hasta que se recuperen todas las tierras, sin excepción, lo que significa expulsar a todos quienes usurparon sus tierras ancestrales, independiente de que hayan sido transadas de acuerdo a la ley vigente. Acá la idea de la legalidad que hay detrás no existe para ellos, ya que aspiran a recuperar las tierras de sus ancestros, y por ello, se abocan a expulsar a todos quienes habitan en dichos territorios, planteándose como única vía las acciones violentas, tales como el uso de los incendios que se han masificado en la zona de la Araucanía, especialmente en las zonas forestales y los que han afectado a varias iglesias.

Los medios de comunicación han instalado la idea de que los camiones de las forestales son el principal objeto de ataque por los grupos radicalizados ¿A qué se debe?

Las forestales son probablemente el ícono de las instituciones que tienen la mayor tensión con los pueblos originarios, por eso no es de extrañar que muchas de las operaciones forestales que están en la zona hayan sido el principal objeto de violencia ejercida por parte de comuneros mapuche como medio para restituir sus tierras.

Estas acciones responden a un tipo de violencia instrumental, cuyo propósito es sacar a quienes tomaron sus tierras. Los grupos radicalizados piensan que es ilógico negociar con alguien aquello que es de su propiedad. “Usted no lo negocia, usted lo recupera. Tengo que echar a esas personas, lo hemos dicho hasta el cansancio, nos han dicho que arreglarán la situación y no lo han cumplido, bueno, ahora nos radicalizamos”, es la argumentación a la base de la acción desarrollada por los grupos radicalizados.

La radicalización se nutre de varias fuentes, pero una de las más importantes es la denominada Fusión de Identidad. Esta se da cuando el individuo forma junto a su grupo algo muy potente e intrínsecamente unido, donde cualquier acción que atente contra cualquiera de sus miembros es percibida como si fuese un atentado a la misma persona. Esto es tan fuerte que la persona y su grupo forman exactamente una unidad inseparable desde el punto de vista psicológico. Esto se explica porque la identidad de ese colectivo coincide al cien por ciento con su percepción de la vida, tanto así, que está dispuesto a morir por ella. En algunos casos, el nivel de fusión individual con la grupal es tal, que pierden el temor a todo, incluso la muerte. Por otro lado, estos grupos poseen líderes muy fuertes que construyen esa base de la identificación y la transmiten a todos sus miembros.

El problema con este tipo de comunidades radicalizadas es que cuando llegan a un punto extremo no dan espacio a la negociación. Pero, como en todo conflicto humano, la forma de combatir esto no puede ser echando “más bencina al fuego”. Creo que las ideas de militarización en la zona provocarían, en un grupo radical, aún más violencia.

Por esto, para cualquier gobierno lograr un acuerdo de paz es un desafío complejo. Implica por un lado tomar conciencia y medidas contra las personas que infringen la ley, como el asesinato de los Luchsinger-Mackay o quema de camiones que representa pérdidas para pequeños, medianos y grandes empresarios, los cuales tienen su patrimonio en riesgo todo el tiempo. Pero por otro lado, responder a estos actos con la militarización de La Araucanía puede incrementar el conflicto aún más. Por ello, se deben redoblar los esfuerzos para buscar caminos de entendimiento donde se concuerden medidas que beneficien a las partes, involucrando a toda la comunidad en su conjunto, en toda su diversidad cultural. Esto es, en parte, lo que ha liderado Monseñor Vargas en la zona de la Araucanía.

Nosotros hemos estudiado que los procesos de reparación y los niveles de reconciliación requieren negociaciones de alto nivel, además de la convicción de las partes para poder dar pasos reales, no promesas que no se cumplirán. Hay que recordar que parte de este conflicto está dado por promesas que el Estado no ha concretado.

¿Algún día recuperarán esas tierras?

Hay muchísimas tierras que han sido entregadas a comunidades indígenas en el marco de la política de reparación, donde el Estado ha puesto un volumen muy significativo de recursos. La política de restauración existe, pero la pregunta es si es la forma correcta de implementarla. Se han dado grandes asentamientos de tierras pero ¿cómo construir un sistema que asegure por un lado la convivencia pacífica y, por otro, la mantención de la identidad cultural, las tradiciones culturales y la sustentabilidad para el desarrollo de los pueblos originarios?
Pienso que el Estado puede avanzar sustantivamente en la solución de este conflicto si crean las condiciones adecuadas para reconstruir confianzas con hechos concretos. El tema del reconocimiento constitucional, su vinculación con comunidades indígenas, la participación en el parlamento para que puedan ejercer una mayor influencia, son pasos importantes y pendientes. Pero por sobre todo, es necesario escuchar y ponerse en la perspectiva de los pueblos originarios para definir las políticas públicas orientadas a promover una convivencia armónica, cohesión social y desarrollo sustentable

¿A Chile le interesa saldar esa deuda con el pueblo mapuche?

Existe un fuerte interés. En el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), hemos comenzado un estudio longitudinal (ELRI) donde estamos analizando a lo largo de los años las relaciones interculturales entre los pueblos originarios y la sociedad chilena no indígena (siguiendo a una población de 1.800 personas que se declaran indígenas y 1.800 chilenos no indígenas (www.elri.cl). Hasta ahora los resultados revelan que, en general, existe en la sociedad chilena una posición favorable a saldar esta deuda. El Estado chileno, por tanto, debe buscar diseñar e implementar decididamente las acciones y programas que le permitan asegurar la existencia, valoración y reconocimiento de los grupos indígenas con derechos y deberes en una sociedad multicultural. Esto supone ponerse fuera del conflicto para pensar y crear las condiciones favorables que permitan satisfacer las necesidades de todos los grupos que componen nuestra sociedad.

¿De alguna forma los pueblos indígenas sienten que una vez que llegan a la ciudad se debilita su tradición cultural?

Se estima que la mitad de los Mapuche viven en Santiago, muchos han migrado por expectativas diversas a las grandes urbes, dando cuenta de una cierta movilidad social. Sin embargo, en este proceso efectivamente se ven expuestos a la fuerza asimiladora de la sociedad chilena no indígena, donde se corre el riesgo de perder las tradiciones culturales, la expresión de la lengua y la vinculación con la tierra.

Contenido elaborado por Patricio Grunert Alarcón en colaboración con Lorena Jiménez Úbeda.