[OPINIÓN] Inmobiliaria popular: más allá de los titulares

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[OPINIÓN] Inmobiliaria popular: más allá de los titulares

Felipe Link

Por Felipe Link, junto a Adriana Marín.

Publicada en La Tercera.

La “Inmobiliaria Popular”, lanzada al calor del verano por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, es mucho más que una iniciativa puntual de una autoridad mediática. De hecho, no es el único municipio con un proyecto de estas características (Santiago también presentó una propuesta similar) y tampoco es el principal actor, ya que se trata, en estricto rigor, de un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que tiene como objetivo la construcción o adaptación de inmuebles para destinarlos al arriendo con interés social (establece límites máximos al pago de arriendo).

Bajo este programa, algunos municipios del área metropolitana de Santiago y otras entidades sin fines de lucro, pueden postular a un fondo concursable que en su primera versión 2017 alcanzó las 100.000 UF. Esta iniciativa es valiosa por diferentes motivos, a pesar de que se trata de un fondo muy menor en relación al financiamiento general de la política habitacional chilena, que cada año destina más de 42.000.000 UF para los diferentes subsidios orientados a la demanda y enfocados en la propiedad de la vivienda. El primer valor de la iniciativa tiene que ver con un cambio de paradigma en torno a la casa propia. El arriendo como sistema de tenencia en Chile ha aumentado significativamente de 17% en 2011 a un 20% en 2015 y específicamente de 19.8% a un 22,6% en el área metropolitana de Santiago, en el mismo periodo.

Así, este instrumento del Estado se transforma en una alternativa real que acumula ventajas en cuanto a localización, flexibilidad por ciclo de vida de las personas y familias, tipología de vivienda, y otros aspectos, permitiendo, por lo tanto, mantener vínculos sociales y familiares muy importantes al momento de formar capital social y construir un sentido de comunidad y barrio.

De esta manera, se contribuye a diversificar el acceso a la vivienda, más allá de “el sueño de la casa propia”, (concepto tan enraizado en el colectivo nacional) permitiendo el acceso a un arriendo seguro, flexible y solidario. El segundo valor, tiene que ver con un cambio de enfoque en torno al financiamiento y gestión de la vivienda. Por largo tiempo esta política en Chile ha subsidiado a la demanda y regulado muy precariamente la oferta, con graves problemas de estándar y entorno. En este esquema, la idea de un beneficiario que puede escoger libremente en el mercado, ha sido refutada absolutamente desde la evidencia. Por lo tanto, traspasar la gestión de la construcción de la vivienda, así como la administración en un eventual sistema de arriendo, apunta en una dirección opuesta y necesaria para lograr mayores niveles de integración urbano-social y satisfacción residencial. Por último, un tercer elemento positivo de este programa, está asociado a una escala particular, que promueve la participación y el interés social del modelo, pues el llamado compromete la ejecución de talleres con los futuros arrendatarios sobre mantención de la vivienda y vida en comunidad, además de un vínculo con el administrador del inmueble para el cobro de la renta y la verificación de la adecuada ocupación de la misma.

Habrá que estar atentos para ir evaluando la evolución de esta iniciativa. Hay problemas en la disponibilidad de terrenos, lo que implica un interesante desafío de inclusión y la oportunidad de apostar por un giro en la lógica del desarrollo urbano, si se articula con voluntad política, entre otros, a los ministerios de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales.

Hay grandes desafíos respecto a la capacidad de gestión ante un eventual sistema de arriendo y administración de inmuebles. Sin embargo, hay múltiples experiencias internacionales que pueden ayudar en este sentido. Por último, hay un desafío cultural, de concebir la propiedad de la vivienda como un fin en sí mismo, a pesar de las múltiples consecuencias negativas en calidad, localización, depreciación, y otros múltiples factores. La llamada “Inmobiliaria Popular” de Recoleta es, sin duda, necesaria, pero en ningún caso suficiente.